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Ridículo español ante los piratas

Posted by jonkepa en mayo 9, 2009

EL JUEZ ANDREU ORDENA, OBLIGADO POR LA PETICIÓN DEL FISCAL, PONER EN LIBERTAD A 7 CORSARIOS

EL JUEZ ANDREU ORDENA, OBLIGADO POR LA PETICIÓN DEL FISCAL, PONER EN LIBERTAD A 7 CORSARIOS

(PD).- ¿Alguien se ha puesto en la piel de los soldados españoles que trabajan en el Índico en busca de piratas somalíes? ¿Se imaginan la cara de idiotas que se les habrá quedado a los infantes de Marina que se juegan la vida deteniendo a estos nuevos corsarios cuando les hayan dicho que les liberen «por imperativo legal»?

¿Nadie ha calculado el ridículo internacional al que se somete a los soldados allí destacados, a las Fuerzas Armadas españolas en general y al propio Ministerio de Defensa ante sus aliados de la OTAN?

Como afirma Angel Expósito, director de ABC, que después del bochornoso episodio de Playa de Bakio, sólo nos faltaba ahora esto.

¿Se imaginan qué cara va a poner el sargento español al mando de una patrulla, armado hasta los dientes, cuando le ordenen atacar una barcaza con bucaneros?

¿Y la cara de alegría de esos mismos piratas cuando vean que el buque militar que les asalta lleva bandera española y no francesa o norteamericana?

«¡Qué alivio!», pensarán.

«¡Qué ridículo!», pensaremos.

EL JUEZ ORDENA LIBERAR A LOS PIRATAS

La misión de lucha contra la piratería, que la Armada española desarrolla en el Índico, junto a otros muchos países, corre el riesgo de convertirse en un fiasco debido a las discrepancias en el seno de la Audiencia Nacional.

Tras haber acordado el jueves su prisión provisional y traslado a España, el juez Fernando Andreu ordenó ayer, obligado por una nueva petición del fiscal, la puesta en libertad de siete piratas que el petrolero español Marqués de la Ensenada rescató el pasado miércoles en aguas del Golfo de Adén, después de que supuestamente intentasen secuestrar a un buque con bandera panameña.

En la misma situación se encuentran los otros siete asaltantes a los que el petrolero capturó el jueves -con dos pistolas y un lanzagranadas, además de abundante munición-, cuando intentaban abordar un mercante maltés, tras realizar disparos intimidatorios para evitar su fuga.

El Marqués de la Ensenada navegaba ayer rumbo a Yibuti, a la entrada del Mar Rojo, con el objetivo de desembarcar a los piratas para que fueran trasladados por vía aérea a España. Según fuentes de Defensa, el helicóptero del buque se adelantó ayer y llevó a dicho país a uno de los piratas, que tenía una herida grave en el abdomen cuando fue detenido, para que fuese intervenido en el hospital militar francés.

El cambio de criterio de la Audiencia produjo perplejidad en Defensa, que tuvo que cambiar los planes sobre la marcha. Fuentes militares explicaron que Yibuti no estaba dispuesto a aceptar a los piratas mas que en tránsito y que la opción más clara sería llevarlos a Somalia, pues se identificaron como somalíes.

El derecho del mar impide dejarlos en un bote en aguas internacionales, donde fueron capturados.

Fuentes de Defensa -citadas por Miguel González y Manuel Altozano en El País– insisten en que los miembros de la Armada española están cumpliendo «con absoluta eficacia» su misión contra la piratería y se encuentran a la espera de «una decisión definitiva de las autoridades» sobre el destino de los detenidos.

Miembros del Gobierno indicaron, por su parte, que en ningún caso serán puestos en libertad en Somalia. Una opción sería desembarcarlos en Kenia como detenidos, si prospera el recurso que probablemente presentará el fiscal, o como deportados, si se mantiene su libertad.

La nueva decisión de Andreu vino obligada por el cambio de postura de la fiscalía, que el jueves había solicitado la prisión provisional -luego acordada por el juez- por delitos tan graves como detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas. Ayer, sin embargo, solicitó que se revocara esa medida, como paso previo para su entrega a Kenia, en virtud de un acuerdo entre dicho país africano y la UE.

El juez rechazó la entrega a dicho país de los piratas y acordó su inmediata puesta en libertad, «por imperativo legal y en absoluta disconformidad» con la medida que tuvo que adoptar. En su auto, Andreu recuerda «la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos […] la indiscutible competencia de este órgano judicial […] y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga que concurre en el presente caso».

El problema radica en quién debe juzgarlos. El jueves, juez y fiscal coincidían en que la competencia recaía en la Audiencia, en aplicación del Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ayer la fiscalía reclamó la entrega a Kenia basándose en un canje de notas entre dicho país y la Unión Europea «sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería», detenidas en el marco de la Operación Atalanta de la UE en el Índico. «Procede entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia a fin de continuar el procedimiento judicial», alegó.

Pero Andreu adujo que esa decisión «quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías» de los acusados y supondría saltarse la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Extradición Pasiva, que exigen que los tribunales «sigan una serie de trámites procesales que en ningún caso pueden obviarse» para la entrega de detenidos.

Según el juez, el canje de notas con Kenia -firmado el 6 de marzo y pendiente de ratificación por las Cortes- «no puede afectar a personas inmersas en un procedimiento judicial a las que se ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y respecto de las cuales se han adoptado medidas cautelares». Es decir, la prisión provisional.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguraron ayer que el cambio de postura se decidió tras recibir una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se informaba de la existencia del pacto de la UE con Kenia e insistieron en que, al tratarse de un «acuerdo ejecutivo», podría ponerse en práctica al margen del procedimiento judicial. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado aseguró que la responsabilidad de la liberación sería sólo del juez.

El auto de Andreu es, sin embargo, taxativo. Asegura que, debido al cambio de la fiscalía, «no cabe otra medida que acordar la libertad provisional» de los presuntos piratas que, agrega, «será comunicada a la autoridad bajo cuya custodia se encuentran», es decir, el Ministerio de Defensa, «a fin de que se proceda inmediatamente a dar curso a la misma». Sea de quien sea la culpa, los piratas siguen a bordo del Marques de la Ensenada. Ayer mismo, la fragata francesa Nivoise entregó a Kenia a otros 11.

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6 respuestas hasta “Ridículo español ante los piratas”

  1. […] Siga el resto de la noticia aquí. […]

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  2. Información Bitacoras.com…

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  3. Rosa said

    Bueno lo de ridiculo , es normal solemos hacerlo, pero no somos loa nicos, cada dia me doy ma cuenta que España, no es ridicula tenemos paises que nos ganan, empezado por Italia, pasando por Inglaterra, y no sigo. Por lo menos nuestro presidente no es unridiculo afin a bailarinas que dominen el parlamento, y no sigo con otros lindares

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    • jonkepa said

      Hola Rosa.
      Este blog y los comentarios que en el hago no estan relacionados en nada con los que hago en el otro blog o en Quiron.
      Aquí me lamento de lo que está ocurriendo con los piratas que se rescataron del agua, habían naufragado y fueron rescatados por un buque español, pero siguen siendo piratas y se pretendía juzgarles por ese delito.
      Digo lo de ridículo porque es ridículo total que se mande una flota a controlar unas aguas que sufren ataques de piratas y que no tengas una legislación nacional que contemple el delito de la piratería, esto sí es piratería y no lo de copiar o descargarse archivos tipo P2P ( películas, música, etc.). Porque no hemos de olvidar que en estos casos se aplica la legislación del país cuya bandera enarbola el buque, buque español, bandera española, legislación española.
      Pasó hace unos días, en esas mismas aguas, un caso similar con un buque de bandera portuguesa, también tuvieron que soltar a los piratas porque la legislación portuguesa tampoco contempla la piratería.
      Dos paises que han sido de los que han reinado en los mares a lo largo de los siglos, que han sufrido los ataques berberiscos, de corsarios y de piratas y que hoy no contemplen ese delito, como que no.
      Un saludo.

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  4. jonkepa said

    El dilema de los piratas: Exteriores dice ahora que los llevará a Kenia.

    MADRID.- El Gobierno está haciendo gestiones con las autoridades de Kenia para un «eventual traslado» a este país de los catorce piratas que siguen arrestados en el petrolero español «Marqués de la Ensenada». Así lo ha asegurado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, contradiciendo a la Audiencia Nacional.
    Moratinos, en declaraciones a los periodistas en un acto en Córdoba, ha justificado el posible traslado a Kenia en virtud del acuerdo que este país tiene firmado con la UE para hacerse cargo de los piratas capturados en alta mar en el marco de la «operación Atalanta», que en la actualidad está bajo mando español.

    La intención del Gobierno choca con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que los piratas no pueden ser entregados a Kenia al entender que dicho convenio «no afecta, ni puede afectar», a personas que se encuentren inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española.

    El auto del juez, dictado ayer, decreta la puesta en libertad de los siete piratas capturados el pasado miércoles en la primera operación del «Marqués de la Ensenada» cuando intentaban abordar un buque panameño, a la que siguió el arresto de los otros siete al día siguiente por una acción similar.

    Según Moratinos, el Gobierno «siempre respeta las decisiones judiciales», pero ha puntualizado que el convenio entre Kenia y la UE se puede aplicar de forma provisional aunque aún no lo haya ratificado el Parlamento.

    En línea con la postura del Ejecutivo, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Andreu de no entregar los piratas a Kenia, de lo que se interpreta que el traslado a este país africano no se llevaría a la práctica hasta que se resuelva el recurso.
    Moratinos ha negado que haya discrepancias con el Ministerio de Defensa, sino «plena concertación» para solucionar este asunto. Defensa ha asegurado que está a la espera de la decisión del juez para actuar en consecuencia, aunque insiste en que tiene elementos suficientes que acreditan la actividad delictiva de los catorce piratas capturados en el Golfo de Adén.

    El departamento que dirige Carme Chacón comunicó los arrestos a la Audiencia Nacional y le aportó «pruebas evidentes» de que habían cometido un delito de piratería, razón por la cual Andreu, a solicitud de la Fiscalía, ordenó el ingreso en prisión y su traslado a España para tomarles declaración.

    El cambio de criterio del Ministerio Público fue el motivo por el que el juez también diera marcha atrás y decretara la liberación, aunque sin archivar la causa.

    A la espera de que se resuelva este embrollo jurídico, los piratas siguen a bordo del ‘Marqués de la Ensenada’, aunque Defensa no ha precisado dónde se encuentra el petrolero, que junto a la fragata «Numancia», componen la aportación naval de España en la misión de la UE. Uno de los arrestados ha sido evacuado a la base francesa que hay en Yibuti, al norte de Somalia, para ser tratado de las heridas que sufre.

    La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se ha mostrado convencida de que tanto el Ministerio de Defensa como el de Justicia darán «la mejor solución jurídica» a la situación de los corsarios.

    Espinosa, en un acto en Vigo, ha admitido que la cuestión es «muy compleja» desde el punto de vista legal, aunque ha dejado claro que España seguirá adelante con la defensa de la flota pesquera que faena en la zona.

    El PP ha eludido pronunciarse sobre este asunto al considerar que está en manos de los tribunales, según fuentes de este partido. IU, a través de su eurodiputado, Willy Meyer, ha reclamado al Gobierno que aclare «cuanto antes» la situación de los detenidos y el papel de España en la operación «Atalanta».

    Según Meyer, mandar una fuerza militar a un lugar del mundo «sin cobertura legal» es «un poco insólito» y da a entender la «improvisación» con la que está actuando el Ejecutivo.

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  5. Jonkepa said

    Los piratas somalíes también agitan las aguas de la Justicia española

    * El renacimiento de la piratería ha pillado a muchos países en fuera de juego
    * España ha detenido a 14 personas, pero no sabe muy bien qué hacer con ellas
    * Se deberían juzgar en la Audiencia Nacional o en Kenia, donde existe un acuerdo
    * El juez Andreu se ha enfrentado directamente con la Fiscalía

    La captura de unos piratas somalíes por el buque español ‘Marqués de la Ensenada’ ha destapado una situación verdaderamente kafkiana: siete piratas somalíes asaltan un barco panameño en las aguas del Océano Índico y un juez de la Audiencia Nacional española ordena su ingreso en prisión (un ingreso que él mismo ha anulado hoy). ¿Cómo casa todo esto?.
    Para empezar a desgranar el asunto se debe hacer alguna referencia al peculiar delito de la piratería. Muchos creían que estos bucaneros existían solamente en las películas de Johnny Depp. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con los legisladores españoles, quienes dejaron de considerar como delito la piratería en la reforma del Código Penal de 1995. De hecho, el castigo contra estos asaltantes pasó de ser muy severo (penas de prisión de entre 20 y 30 años, las cuales incluso podían agravarse) a no existir.

    Además, también desde un punto de vista jurídico, «el Derecho Internacional no ha evolucionado tanto como las tácticas de la piratería que combinan como la acción en aguas territoriales y en aguas profundas con apoyos en tierra», según reconoce Fernando del Pozo en un artículo.

    El renacimiento y reforzamiento de la piratería ha dejado a los legisladores algo desorientados. La Unión Europea ha reaccionado sembrando el Golfo de Adén con una decena de buques para «disuadir, prevenir y reprimir» la piratería, en la que se conoce como ‘Operación Atalanta’ y se ha convertido en la primera misión naval de la historia de la Unión Europea.

    Parece que esta estrategia está dando sus frutos como demuestra el arresto por parte del ‘Marqués de la Ensenada’, en dos operaciones, de un total de 14 piratas somalíes que se disponían a asaltar dos embarcaciones. Sin embargo, esa misma captura ha sacado a la luz un problema: «¿Qué puede hacerse con los arrestados?».

    Para dar respuesta a esta cuestión, el pasado seis de marzo se suscribió un acuerdo entre la Unión Europea y Kenia para entregar y juzgar en el país africano a los supuestos piratas capturados por los buques europeos. Sin embargo, la división que ha salido hoy a relucir en el seno de la Justicia española demuestra que se trata de una cuestión que aún no se ha resuelto en España.
    ¿A qué se debe la disputa?

    Tras la detención por parte de un buque español de los primeros siete piratas, que se disponían a atacar un barco panameño, la Fiscalía española apreció indicios de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas en su actuación, por lo que pidió el ingreso en prisión de los asaltantes. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, por su parte, dio curso a la petición y ordenó el ingreso en prisión de los somalíes apresados.
    Sin embargo, hoy, 24 horas después de su anterior pronunciamiento, la Fiscalía ha reculado y ha retirado las acusaciones contra los piratas, de modo que el juez Fernando Andreu se ha visto obligado a anular la medida de prisión provisional que había dictado.

    Fuentes del Ministerio Público han explicado a Efe que la petición de prisión se hizo «por razones de urgencia» para evitar que los detenidos quedaran en libertad, pero que, a continuación, se consultó con el Servicio de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, que concluyó que el mencionado acuerdo entre la Unión Europea y Kenia es de obligado cumplimiento para España, por lo que debía enviar a los arrestados al país africano.

    Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional lo ve de otra forma y considera que el acuerdo entre la Unión Europea y Kenia «no afecta, no puede afectar, a personas inmersas en un procedimiento abierto por la jurisdicción española, personas a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y ante las que se han adoptado medidas cautelares», afirma en su auto de hoy.

    En esa misma resolución, en la que anula la orden de prisión para los piratas, el juez Andreu ha querido dejar bien claro su oposición al punto de vista de la Fiscalía. «Por imperativo legal y en absoluta disconformidad con el criterio que este juzgado habría mantenido dada la gravedad de los hechos que se imputa a los detenidos, la indudable competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento y el no previsiblemente sino absolutamente probable riesgo de fuga, no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos y dejar sin efecto la privación de libertad que sobre ellos pesa».
    Como deja bien a las claras, Andreu considera que España tiene competencia suficiente para enjuiciar estos hechos. ¿Es eso cierto? Pues, como ocurre en múltiples casos, todo depende de la interpretación que uno haga de la Ley. A veces, la disputa se reduce incluso a la interpretación de una sola palabra. Y algo así ocurre en este caso, tal y como nos detalla el Fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada.

    El gran foco de disputa radica en que, mientras que el Código Penal no recoge la existencia de ningún delito de piratería (se anuló, como se ha dicho, con la entrada en vigor del Código Penal de 1995), un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 23.4.C de la LOPJ) señala que la jurisdicción española se extiende a los delitos de piratería cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. La gran paradoja es que, aunque la LOPJ reconozca que España tiene competencia para juzgar delitos de piratería, el Código Penal español no reconoce la existencia de ese delito.

    Igual que la Ley reconoce que los delitos de piratería pueden perseguirse en cualquier rincón del mundo y ya sean cometidos contra nacionales o extranjeros, no se dice que los delitos de detención ilegal, robo con violencia o empleo de armas —de los que se acusa a los somalíes— puedan perseguirse en las mismas circunstancias.

    «De todas maneras, en Derecho se puede defender casi todo con poderosos argumentos, por lo que con entender que la ‘piratería’ no se refiere exclusivamente a los ‘delitos de piratería’ propiamente dichos, sino también a los ‘actos de piratería’, dentro de los cuales cabrían incluirse los delitos de detención ilegal, robo con violencia o empleo de armas que se lleven a cabo dentro de un contexto de piratería, entonces, España sí que podría tener competencias en el asunto de los piratas somalíes».

    Para resolver definitivamente esta disyuntiva, una de las novedades de la reforma del Código Penal que está tramitando el Gobierno consiste en la inclusión de un nuevo delito de piratería, castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión, dentro del título dedicado a los delitos contra la Comunidad Internacional.

    Esta situación también repercute, de forma negativa, sobre los propios piratas, ya que si uno de ellos es detenido por una embarcación estadounidense podría llegar a ser condenado a cadena perpetua, mientras que si resulta detenido por un buque español, como en el caso que ocupa este artículo, la persona arrestada no podrá saber ni siquiera dónde va a ser juzgado ni a qué pena podría enfrentarse.

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