La Armada paga 14 millones para saber cómo ‘adelgazar’ el submarino

Submarino clase S-80

España no es Alemania, por muchas razones. Una de ellas: en Berlín ha provocado una tormenta política el fiasco del Euro Hawk,el avión no tripulado que Defensa decidió cancelar, tras invertir más de 500 millones, porque no obtuvo la licencia de vuelo en su propio país.

En España, nadie se ha dado por aludido ante el caso del submarino S-80 —el mayor proyecto de la industria militar española, presupuestado en 2.135 millones—, tras saberse que tiene 75 toneladas de sobrepeso; lo que le impide sumergirse con garantías de volver a emerger.

Aunque se ha intentado minimizar el fallo, aludiendo a los problemas propios de cualquier prototipo, lo datos que se van conociendo permiten intuir sus dimensiones. La empresa fabricante —el astillero Navantia— ha anunciado que la botadura del primero de los cuatro submarinos se retrasa al menos dos años, lo que ha obligado a la Armada a alargar la vida del Tramontana (S-74), al que estaba previsto dar de baja. La obra csostará unos 30 millones.

Además, se ha contratado a la empresa estadounidense Electric Boat para que diga cómo arreglar el desaguisado. Su aseoramiento técnico costará 14 millones y lo pagará la Armada.

¿Por qué paga la Armada y no la empresa? Fuentes de Defensa alegan que, por razones de urgencia, el estudio se financiará con créditos oficiales de EE UU y que, debido a ello, el cliente tenía que ser la Armada, “lo que no presupone que al final no se repercuta a Navantia”.

Es dudoso. Defensa tendrá bastante con pelearse por la parte del león: el coste del arreglo. El primer submarino está ya construido al 70% y del segundo casi la mitad, lo que hace muy cara la corrección. Aunque las conclusiones del estudio técnico se esperan para el verano, en la Armada se baraja ya un sobrecoste de unos 800 millones (más del 35% de incremento).

Fuente: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa y OTAN. / EL PAÍS

Navantia es una empresa pública así que, de una manera u otra, el fallo lo acabarán pagando todos los ciudadanos. Lo que diferencia a España de Alemania, entre otras cosas, es que no se ha anunciado ninguna auditoría o investigación, el Parlamento no ha exigido explicaciones, y nadie ha sido destituido ni ha presentado la dimisión.

En su comparecencia ante el Congreso, el 23 de mayo, para explicar las “reconducción” de los grandes programas de armamento, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, dejó al margen el submarino S-80, alegando que se han producido “una serie de problemas técnicos” y que, “a la vista del análisis que se está realizando, habrá que reevaluar las opciones posibles”. Lo que sí adelantó Argüelles es que Defensa presentará al Consejo de Ministros un nuevo techo de gasto para estos programas (entre los que está el carro de combate Leopard o el caza EF-2000) por valor de 29.495 millones, a pagar hasta 2030.

Aunque la cifra resulta colosal (casi el 3% del PIB español), Defensa alega que en los últimos años ya ha pagado 6.078 millones; por lo que faltarían 23.417. De esta cantidad, Defensa resta los 15.260 millones que Industria ha prestado a las empresas fabricantes de armas y reduce el problema a 8.157 millones. Para hacer frente al pago de esta última cantidad pide un suplemento de entre 800 y 1.000 millones anuales, al margen de su presupuesto.

El baile de cifras puede resultar mareante, pero la explicación es simple. Para que el gasto militar pasara desapercibido, el Gobierno decidió a finales de los 90 financiar los programas de armas con préstamos de Industria. Eran créditos sin interés que las empresas deberían ir devolviendo a medida que entregaran sus productos y Defensa les pagara. Por tanto, los 15.000 millones adelantados por Industria deberían aflorar en el presupuesto de Defensa en algún momento. Pero para ello sería necesario un aumento espectacular de la partida de Defensa que resulta inviable.

La fórmula que se baraja consiste en “compensar” el dinero que las empresas adeudan a Industria con el que Defensa les debe a ellas; y restar así de la factura global un bocado de 15.000 millones. A fin de cuentas, los fondos que paga Defensa para que las empresas paguen a Industria acaban en el mismo cajón del que salen: el Tesoro.

Según expertos presupuestarios, la operación no tendría efecto sobre la deuda ni el déficit (ya que los fondos han sido desembolsados y el material militar se imputa a déficit cuando se entrega), por lo que se trata de un mero apunte contable. Otra cosa es que políticamente sea presentable aprobar ahora un gasto militar de 15.000 millones, por amortizado que esté.

De momento, el Gobierno ha adoptado una solución transitoria: ha aplazado las devoluciones que debían hacer las empresas al Tesoro. La medida se aplicó en 2012 y está previsto aplicarla este año y el próximo, con la idea de que en 2015 haya ya una solución definitiva. Incluso se quiere reintegrar a las empresas el dinero que devolvieron en 2010 y 2011. En cinco años, las devoluciones en suspenso sumarán casi 300 millones.

Defensa justificó la moratoria alegando que había pagos pendientes a las empresas desde 2010. Pero estas deudas se pagaron y Defensa puso el “contador a cero” el año pasado con un crédito extraordinario de 1.800 millones. La razón de mantener la moratoria, según Defensa, es que se está renegociando un nuevo calendario.

M.G. en el País