La Ley de Costas que ignoraba la Constitución

Foto desde http://climaticocambio.com

La Ley de Costas regularizará en Galicia 709 negocios e industrias a pie de mar. Formentera teme la desprotección del litoral por la nueva Ley de Costas o La Reforma de la Ley de Costas apuesta por legalizar casi todas las viviendas ‘irregulares’.

Así comienzan los titulares de algunos de los diarios que han reflejado la evolución de los primeros tres meses desde la aprobación, a finales de mayo, de la nueva Ley de Costas. Aún con estas noticias, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado una intensa campaña veraniega para insistir en que lo mejor que le ha podido pasar al litoral es la nueva Ley que lleva como eufemístico nombre «de protección y uso sostenible del litoral». Quizás, la nueva Ley de Costas es lo mejor que le ha podido pasar pasar a sus costas y a sus negocios. En Greenpeace dejamos claro qué posibles intereses privados podían estar detrás de la reforma de la Ley en nuestro informe Amnistía a la Destrucción.

Pero precisamente hoy viernes, el principal partido de la oposición, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete, tal y como le habíamos solicitado las organizaciones de defensa del medio ambiente, al estar facultado para hacerlo. Sin duda, una acción política muy importante y de gran envergadura. Porque es una ley que según indica el recurso del PSOE «perjudica a todos y beneficia al interés económico de muy pocos, y pone el litoral al servicio de la especulación«. Así que ahora también quedan vacías de contenido las palabras del ministro Arias Cañete cuando acusaba a Greenpeace de no habernos leído su Ley de Costas. Debe ser que los servicios jurídicos del PSOE tampoco se han leído la Ley y tampoco los Gobiernos de Canarias, Andalucía, País Vasco o Cataluña que pretenden también recurrir al Constitucional.

La Ley de Costas dará 35 años más de concesión a puertos deportivos

El puerto deportivo de Dénia, en Alicante. / NATXO FRANCÉS

Los puertos deportivos podrán optar a una nueva concesión de 35 años cuando expire su actual. Así lo fija una enmienda que el PP presentó el viernes al proyecto de reforma de la Ley de Costas que tramita el Congreso. Además, la prórroga de grandes industrias situadas en el litoral —como la polémica papelera de Ence en Pontevedra— será competencia estatal y no autonómica, como inicialmente fijaba el proyecto de ley. El Gobierno se reserva así la decisión sobre un asunto con mucha implicación social sobre el que las autonomías esperaban decidir. Estos dos puntos incluidos por el PP van en la línea de las alegaciones que hizo la patronal (CEOE) a la reforma de la Ley de Costas, la primera de calado desde 1988.

El objetivo principal de la reforma legal impulsada por el departamento que dirige Miguel Arias Cañete es dar 75 años más de concesión a las casas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988. Esas viviendas —unas 10.000, según cálculos del ministerio— tenían 30 años de concesión ampliables a 60, por lo que en 2018 comenzaban a vencer los plazos y debían pasar a manos del Estado para ser demolidas. El Ministerio de Medio Ambiente argumentaba que eso había creado inseguridad jurídica y mala imagen de España, ya que muchos de los afectados eran extranjeros.

La nueva Ley de Costas aumentará los riesgos de inundaciones

La nueva Ley de Costas que presumiblemente sea aprobada esta semana aumentará los riesgos de inundaciones en España. Al menos, así lo presumen diversas organizaciones ecologistas y en especial Greenpeace, que lo ha denunciado por activa y por pasiva tras el desastre vivido por Andalucía Oriental y Murcia durante el pasado fin de semana.

Más allá de la controvertida urbanización de zonas inundables, Greenpeace ha alertado de que el anteproyecto de la nueva excluirá del dominio público marítimo-terrestre las zonas costeras que «nos se hayan inundado por lo menos cinco veces en los últimos diez años». El criterio de Protección Civil, en cambio, apunta a una carencia de inundaciones mucho mayor, para blindar la urbanización de este tipo de áreas. Según lo que ha trascendido hasta ahora, se prolongarán las concesiones en dominio público durante 75 años más sin tener en cuenta los horizontes de subida del nivel del mar por cambio climático. El borrador del anteproyecto de Ley no va acompañado por una memoria económica que ofrezca indicios del coste que pueda suponer la revisión de todo el deslinde del dominio público costero.

Aún antes de la promulgación de esta nueva normal, miles de hogares españoles corren peligro de inundarse a poco que una tromba de agua irrumpa sobre viejas acequias, correnteras o cañadas reales que nunca debieron urbanizarse. Tras las inundaciones del fin de semana del sureste español, que costaron al menos diez víctimas mortales, los expertos vienen a coincidir en que el desorden y la especulación urbanística incrementa en gran medida el riesgo potencial de estas catástrofes naturales.

En defensa de nuestra costa

El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas.

En mayo de 2006, en pleno auge inmobiliario, un grupo de ciudadanos dedicados al estudio y la gestión del territorio impulsamos el manifiesto Por una nueva cultura del territorio. En el texto se advertía de los riesgos ambientales, económicos y sociales que entrañaba la depredación del territorio, el abuso de los recursos naturales, la ocupación acelerada del suelo y la degradación del paisaje. Desgraciadamente, buena parte de los riesgos enunciados entonces son hoy evidentes. La sociedad española debe hacer frente ahora a una crisis económica gravísima, cuyo origen se encuentra en buena medida en el desaforado desarrollo urbanístico y, en particular, en la expansión del sector inmobiliario en el período 1996-2007. Los efectos muy negativos que todo ello está teniendo en la evolución del empleo, la estabilidad de la economía española, la confianza en el sistema financiero y la solvencia de las administraciones públicas son incuestionables. Sus secuelas sociales, ambientales, urbanísticas y paisajísticas pesarán durante décadas sobre la sociedad española.

De nuevo, quienes promovimos aquel manifiesto y otros muchos profesionales e investigadores nos creemos en la obligación de reaccionar ante los anuncios del Gobierno de España de cambiar radicalmente lo establecido por la Ley de Costas de 1988. Consideramos que la propuesta gubernamental, lejos de introducir mayor racionalidad en la gestión de los espacios litorales reincidirá, según nuestro criterio, en muchos de los errores ya cometidos. En caso de prosperar, afectaría muy negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún conservan valores naturales destacados. El espacio costero es por naturaleza muy frágil y se ha visto sometido en las últimas décadas a una enorme presión, que ha comportado la ocupación y artificialización de áreas muy extensas. Un proceso que, de no domeñarse y corregirse podría venir a hipotecar de forma irreversible la calidad ambiental y el atractivo de nuestro litoral. ¿Podríamos imaginar la situación de nuestras costas tras el proceso urbanizador de las últimas décadas sin este instrumento normativo?.

Costas planea una amnistía a las casas construidas sobre litoral “degradado”

Casas de pescadores y espigones en Pedregalejo y El Palo, en Málaga. / JULIÁN ROJAS

La “profunda reforma” que prepara el Gobierno sobre la Ley de Costas flexibilizará el proceso para dejar en manos privadas el terreno público de la costa si esta se encuentra degradada. Así lo apunta el Ministerio de Medio Ambiente en su informe al Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre la Ley de Costas y su próxima reforma. En él cita que previsiblemente desafectará barrios como El Palo y Pedregalejo (Málaga) y Chilches (Castellón).

En el documento, de tres folios, Medio Ambiente destroza la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, y su aplicación. Señala que los deslindes —el trámite que separa la línea pública y privada— han seguido un “trazado aparentemente arbitrario” sin que el propio ministerio conozca “los criterios técnicos por los que esa línea no traza una línea recta sino que hace zig-zag”. Después de casi 25 años de ley, el Gobierno tiene deslindado el 96% del litoral y ha ganado en los tribunales más del 90% de los casos. Ahora, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete asume las tesis de muchos de los dueños de terreno en la costa declarado público y considera que no está bien hecho.

Cañete anuncia una «reforma muy profunda» de la Ley de Costas

El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas.

La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una «reforma muy profunda» para «poner en valor» el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que «simplificará trámites ambientales» y potenciará el turismo en parques nacionales.

En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: «Nos gustan los chiringuitos», que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.

La Ley de Costas de 1988 ya se aplica en el 90% del litoral

El Gobierno asegura que el deslinde se completará en 2011, 23 años después de aprobarse la norma.

El hotel El Algarrobico, en Almería, sigue sin someterse a la Ley de Costas.

En lo que va de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente ha deslindado 800 kilómetros de litoral, el récord en la larga historia de la Ley de Costas. Sin embargo, más de 21 años después de su aprobación, la norma, que alertaba de la privatización del litoral e instaba a delimitar la zona pública de la costa, sigue sin aplicarse en unos 1.000 kilómetros de playas. De los aproximadamente 10.200 kilómetros de bienes de dominio público del litoral español, los sucesivos gobiernos desde 1988 han deslindado un 90%, según un informe presentado el jueves en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, presidido por la ministra Elena Espinosa.

Costas, dispuesta a ‘salvar’ la mayoría de los chiringuitos

Chiringuito en una playa de Benalmádena (Málaga) ayer.- JULIÁN ROJAS

«Nunca hemos tenido el propósito de eliminar nada y estamos estudiando todo tipo de fórmulas para que se pueda cumplir la Ley de Costas y que permanezcan los chiringuitos». El Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, al que pertenece la Dirección General de Costas, insistió ayer en que el propósito de la revisión de la situación legal de los merenderos de playa es la de facilitar su continuidad, darles garantía jurídica y ordenar un sector que en comunidades autónomas como Andalucía tiene relevancia económica (la Junta estima que dan unos 40.000 empleos y facturan unos 500 millones de euros al año).

Un portavoz del ministerio reconoció ayer que el trabajo de inventariado de los chiringuitos está muy avanzado y que se realiza de forma minuciosa, «tramo a tramo de la costa», para conocer la situación real y poder abordar la solución «caso a caso».

El hotel Vela de Barcelona incumple la Ley de Costas

• Tiene 26 plantas y 473 habitaciones.
• Ha costado unos 260 millones de euros.
• Ha sido diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill.
• Ya es un nuevo icono del litoral barcelonés.

El hotel Vela de Barcelona. (Imagen: EFE)

Un edificio único para unos y un mamotreto de hormigón y cristal para otros. Es el nuevo Hotel W, popularmente llamado Vela, diseñado por Ricardo Bofill e indiscutiblemente un nuevo icono en el skyline de Barcelona.

Abrirá sus puertas en octubre, pero su silueta ya preside la primera línea de mar de la ciudad. Ha sido necesario apuntalar el dique del Moll de Llevant para sustentar este edificio sobre una base ganada al mar, un proceso que ha costado «entre 60 y 80 millones», según el Port. La construcción costó 200 millones.

El edificio, de 26 plantas, cuenta con 473 habitaciones y servicios de lujo, como yates de paseo y zapatillas deportivas para correr a las cinco de la madrugada si el cliente lo pide. Como oferta de lanzamiento, la habitación y una cena en el hotel costará 299 euros.

Gráfico interpretativo de las zonas afectadas por la Ley de Costas

El 12 de febrero una comisión de la UE denunciaba que “las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva”, a pesar de tener una de las leyes de costas más avanzadas de Europa, según los grupos ecologistas.