La Ley de Costas que ignoraba la Constitución

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La Ley de Costas regularizará en Galicia 709 negocios e industrias a pie de mar. Formentera teme la desprotección del litoral por la nueva Ley de Costas o La Reforma de la Ley de Costas apuesta por legalizar casi todas las viviendas ‘irregulares’.

Así comienzan los titulares de algunos de los diarios que han reflejado la evolución de los primeros tres meses desde la aprobación, a finales de mayo, de la nueva Ley de Costas. Aún con estas noticias, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha realizado una intensa campaña veraniega para insistir en que lo mejor que le ha podido pasar al litoral es la nueva Ley que lleva como eufemístico nombre «de protección y uso sostenible del litoral». Quizás, la nueva Ley de Costas es lo mejor que le ha podido pasar pasar a sus costas y a sus negocios. En Greenpeace dejamos claro qué posibles intereses privados podían estar detrás de la reforma de la Ley en nuestro informe Amnistía a la Destrucción.

Pero precisamente hoy viernes, el principal partido de la oposición, el PSOE presenta un recurso al Tribunal Constitucional a la Ley de Costas del ministro Arias Cañete, tal y como le habíamos solicitado las organizaciones de defensa del medio ambiente, al estar facultado para hacerlo. Sin duda, una acción política muy importante y de gran envergadura. Porque es una ley que según indica el recurso del PSOE «perjudica a todos y beneficia al interés económico de muy pocos, y pone el litoral al servicio de la especulación«. Así que ahora también quedan vacías de contenido las palabras del ministro Arias Cañete cuando acusaba a Greenpeace de no habernos leído su Ley de Costas. Debe ser que los servicios jurídicos del PSOE tampoco se han leído la Ley y tampoco los Gobiernos de Canarias, Andalucía, País Vasco o Cataluña que pretenden también recurrir al Constitucional.